Cuando el arrendador procede a la venta de la vivienda, el arrendatario tiene derecho de adquisición preferente. El art. 25 LAU 29/1994 establece ciertos requisitos para los contratos posteriores al 1 de enero de 1995, lo que da lugar a numerosa casuística que analizamos en este estudio jurisprudencial.
¿En qué supuestos procede el ejercicio de este derecho? ¿Cuáles son las condiciones necesarias? ¿Se debe notificar la venta? ¿Dies a quo para su ejercicio?
Clasificamos minuciosamente las sentencias que abordan aspectos fundamentales como la condición de arrendatario, la posesión efectiva de la vivienda, la consignación del importe de la venta y la identidad de la finca. Además, exponemos las interesantes cuestiones sobre la notificación y el día en el que comienza a computar el plazo para el ejercicio de este derecho.

Esta obra contiene más de 250 preguntas y respuestas de máximo interés tanto para la Comunidad de Propietarios como para los profesionales que la administran. ¿A quién se puede nombrar para desempeñar el papel de administrador de fincas y que cualificación profesional debe tener? ¿Qué quorum es necesario para su nombramiento y que duración tendrá? ¿Puede la Comunidad tener varios administradores? ¿Este puede estar representado en la Junta o ser el representante de los comuneros? ¿Qué consecuencias se derivan de su cese? ¿Qué funciones, más allá de las establecidas legalmente, debe asumir y qué responsabilidades conllevan su cargo?
La mayoría de estas cuestiones se refieren al trabajo del administrador cuando se lleva a cabo conjuntamente con el de secretario, puesto que esta situación es la más habitual en las Comunidades de Propietarios.

Esta completa obra recopila tres años de jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo en materia de Familia y Sucesiones, continuación de la línea de publicaciones ya iniciada en estudios anteriores. Está dividida en dos grandes apartados: las resoluciones del Pleno de la Sala que marcan la doctrina jurisprudencial y las dictadas por la Sala Primera. Con ellas se pone de manifiesto la naturaleza viva y ágil del Derecho de Familia y Sucesiones, donde es necesario adoptar soluciones y establecer criterios para atender a las nuevas realidades familiares y personales. Incluye, debidamente ordenadas en un índice estructurado y detallado, resoluciones en materia de filiación, nacionalidad, capacidad e incapacitación, menores, matrimonio, patria potestad, informe psicosocial, guarda y custodia, con especial atención a la compartida, visitas y estancias, pensión alimenticia y compensatoria, atribución del uso de la vivienda familiar, regímenes económico-matrimoniales, supuestos de violencia y uniones de hecho. También aborda los procesos de restitución de menores en supuestos de sustracción internacional, jurisdicción voluntaria, divorcio, medidas paternofiliales, medidas provisionales previas, modificación de medidas, ejecución y reconocimiento de resoluciones extranjeras, así como cuestiones sobre sucesiones: testamento, herencia, la colación y partición y los distintos procesos.

Con el rigor y sentido práctico que nos caracteriza, sepín presenta este Código, obra imprescindible por los dos temas esencialmente sociales que trata: los Arrendamientos Urbanos y la Propiedad Horizontal, después de las recientes reformas de 2019.
Incorpora todos los textos legales que el profesional necesite consultar, en un formato sencillo y acompañando cada precepto de la reseña de las reformas legislativas que le han afectado: ? Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, consolidada y vigente, con el texto aplicable según la fecha del contrato de arrendamiento. ? Real Decreto-Ley 2/1985 y Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. ? Ley de Propiedad Horizontal 49/1960. ? Preceptos generales aplicables del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin duda, una herramienta indispensable para nuestro trabajo diario.

Cuando en la Comunidad de Propietarios se realizan obras necesarias, como la instalación de un ascensor, el cerramiento de la finca o cualquier otra que repercuta en un comunero, ¿tendrá este derecho a indemnización? No se trata de la reparación del daño, sino de determinar el perjuicio que puede producirse por tener que desalojar la vivienda, el local o no poder alquilar la propiedad, por ejemplo. No es posible dar una respuesta concreta, dado que, como podremos comprobar, dependerá de cada caso específico, aunque la jurisprudencia admite que ante aquellos en los que el propietario tenga que desocupar la casa, le suponga una pérdida en las rentas o sea necesaria la creación de una servidumbre, entre otros supuestos, el afectado deberá ser resarcido.

La acumulación objetiva y subjetiva de acciones plantea múltiples problemas. Entre otros, por ejemplo, los requisitos de la acumulación objetiva o la comprensión de qué se entiende como idéntico o conexo título de pedir en la subjetiva.
Por todo ello, es imprescindible conocer los criterios de la Sala Primera del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales sobre la materia: la flexibilidad, la distinción entre título como negocio jurídico y la causa de pedir o, finalmente, la existencia de conexión jurídica o fáctica entre las acciones ejercitadas.
Estos conceptos indeterminados se revelan como incomprensibles si no se conocen las resoluciones judiciales que los interpretan y que recogemos en la presente selección jurisprudencial.

Desde un punto de vista práctico, se analiza la protección que ostenta el consumidor frente a la contratación de los servicios de transporte aéreo. Tenemos en cuenta la normativa aplicable a cada caso y el tipo de incidencia sufrida, sin olvidar que son muchas las vicisitudes a las que puede enfrentarse el pasajero que contrata un vuelo.
Resolvemos distintas dudas que puedan surgir en cuanto a los derechos que asisten a los pasajeros en caso de cancelación, retraso del vuelo, denegación de embarque y pérdida o deterioro del equipaje. Desde una perspectiva jurisprudencial, analizamos la posibilidad que tienen de ser compensados, su derecho al reembolso del coste íntegro del billete, así como a un transporte alternativo, y la eventual obtención de una compensación suplementaria, donde puede incluirse, entre otras, la reclamación por el daño moral.

La finalidad de esta guía es facilitar la implementación del tratamiento de los datos personales y de los específicos relativos al ámbito sanitario, que requieren una protección especial.
El lector, a través de una cuidada selección de artículos doctrinales, textos normativos, cuadros legislativos y esquemas aprenderá cómo realizar la comunicación de los datos en el ámbito sanitario; a distinguir entre datos de la salud, genéticos o de investigación; qué clasificación tienen los incluidos en la historia clínica; su tutela internacional; la responsabilidad en la que se podría incurrir en caso de filtración a terceros, etc. Todo ello sin olvidar las nuevas tecnologías, como el tratamiento de datos en Apps y dispositivos, o la relación de los big data con el derecho y la sanidad.
Igualmente, se explica en qué consiste la historia clínica, su acceso por pacientes y profesionales sanitarios, y su implementación digital en el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, se trata todo lo relativo a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; la garantía de los derechos digitales; el régimen sancionador y en qué consiste la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y consulta previa.
Para llevar a la práctica lo anterior, se incluyen una serie de formularios, tanto impresos oficiales elaborados por la AEPD y otros organismos públicos, como modelos desarrollados por el Departamento Jurídico de sepín.

En el contrato de arrendamiento de vivienda, además de la renta que debe satisfacer el arrendatario, deben abonarse otros importes, como los gastos de Comunidad, los servicios y los suministros, así como los impuestos, tal como prevé el art. 20 LAU 29/1994.
¿Quién paga estos gastos: el arrendador o el arrendatario? ¿Es necesario un pacto contractual y, en su caso, qué requisitos debe cumplir? ¿Procede repercutir cualquier tributo? ¿Y los suministros de agua o de luz? Existe abundante casuística de resoluciones de los distintos Tribunales, centrándonos en los contratos posteriores al 1 de enero de 1995, esto es, aquellos regidos por la LAU 29/1994.

Presentamos uno de los temas estrella del Derecho de Familia: la pensión alimenticia con los últimos criterios jurisprudenciales, donde se aborda en profundidad qué dicen nuestros Tribunales y cómo se debe fijar para atender a las nuevas situaciones familiares.
Se tratan temas de máxima actualidad que es imprescindible conocer: ¿Cómo fijar la cuantía según el principio de proporcionalidad? ¿Qué medios de prueba se admiten? ¿Cómo respetar el mínimo vital? ¿Cuál es la forma de pago en supuestos de guarda y custodia compartida? ¿Qué contenido incluye esta pensión? ¿Quiénes son los sujetos obligados al pago o alimentantes? En relación con esta cuestión, se incluye entre ellos a los progenitores, las nuevas parejas de estos o a los abuelos. Y, con los perceptores o alimentistas, habrá que tener en cuenta, además de a los hijos menores, a los mayores de edad y al cónyuge.